Se necesita recluta

15/04/09.- Hace siete u ocho años atrás vi en la puerta de un cuartel militar esta frase: “Se necesita reclutas”. Fue una mañana de verano cuando me trasladaba hacia el distrito de Surquillo y apenas había salido publicado la norma que dejaba sin efecto el servicio militar obligatorio. Quién iba a pensar que esta necesidad iba a conllevar, sobre todo al Ejército, a tomar medidas tan radicales.

Una denuncia periodística da cuenta que uno de los muertos producto del ataque terrorista a una patrulla del Ejército era menor de edad. El soldado Robinson Macedo. ¿Cómo puede un adolescente, que ni siquiera ha obtenido su DNI, combatir contra un adversario tan fuerte? ¿Es que acaso las levas o los reclutamientos forzosos han vuelto como en la época subversiva de los años 80 y 90?.

Desde el año 2007, la Defensoría del Pueblo ha venido recibiendo denuncias de padres de familia, sobre todo de los lugares más pobres del país, de levas por parte del las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército peruano. Sin embargo, tuvo que suceder una desgracia como la del pasado jueves, para que se empiece a tomar cartas en el asunto.

Pese a las constantes advertencias de la Defensoría del Pueblo y de algunos organismos defensores de derechos humanos, éste tipo de reclutamiento obligatorio, fuera de toda norma y ley, representa un grave atentado contra los derechos de un ciudadano, sobre todo de un joven al que le quitaron toda una vida por delante.

La defensora del pueblo, Beatriz Merino sostuvo enfáticamente que es sancionable que el Ejército peruano haya reclutado a un menor de edad para enfrentar a los narcoterroristas en la zona del Valle del Río Apurimac y Ene, en Ayacucho

Según Merino Lucero, un adolescente no puede ser enviado a “combatir narcoterroristas experimentados en una zona desconocida”. En efecto, es un racionamiento razonable, mas aún cuando se denuncia que los efectivos militares son bien preparados y mucho menos tienes las mejores condiciones para el combate.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de su secretario ejecutivo, Ronald Gamarra, refirió que su institución apoyará a los familiares del recluta en todas las acciones legales que se requiera.

Es necesaria una investigación exhaustiva, en especial de las propias instituciones castrenses, a los altos mandos militares, jefes de patrullas antisubversivas y oficiales del Ejército, institución que desde hace varios años cuenta con este tipo de antecedentes.